Fortunata Piñan, una madre soltera que trabajaba largas jornadas como ayudante de cocina en un pequeño restaurante, logró adquirir una mototaxi tras años de severas privaciones y ahorros constantes.
El vehículo no representaba un lujo, sino el sustento diario, la comida y el futuro escolar de sus hijos a través del dinero que generaba alquilándolo de manera estrictamente formal.
La estabilidad de su hogar se quebró cuando inspectores de la Municipalidad de Los Olivos intervinieron el vehículo y lo trasladaron al depósito municipal argumentando que el conductor había cruzado el límite distrital con San Martín de Porres para dejar a un pasajero.
A pesar de la indignación por lo que consideraba un exceso, Fortunata actuó conforme a la ley, canceló la papeleta y obtuvo la orden oficial de liberación de su herramienta de trabajo. La verdadera pesadilla inició al presentarse en las instalaciones del depósito, donde el personal le aseguró que el vehículo no se encontraba registrado en el lugar, llegando incluso a insinuar de forma despectiva que ella mentía.
Tras exigir respuestas con firmeza en los pasillos municipales, las investigaciones internas revelaron un hecho escandaloso: la mototaxi había sido retirada ilegalmente del depósito por terceros mediante el uso de documentación adulterada.
Frente al robo, las autoridades distritales pretendieron eludir su responsabilidad civil argumentando que ellos también habían sido sorprendidos y aconsejándole cruelmente que se comprara otro vehículo.
En busca de apoyo, los directivos de su empresa de transportes le recomendaron acudir al Dr. Ricardo Alberca, destacando su trayectoria como antiguo mototaxista, dirigente y defensor tenaz de los derechos de los transportistas frente a los atropellos institucionales.
Al asumir el caso en GRAJAR Estudio Jurídico, el Dr. Alberca determinó que el hecho configuraba una responsabilidad administrativa, penal y civil indemnizatoria por daños y perjuicios ascendente a 50 mil soles.
El proceso enfrentó serios obstáculos cuando la fiscalía de la jurisdicción municipal archivó la denuncia penal hasta en tres oportunidades consecutivas; sin embargo, las tenaces impugnaciones de la defensa lograron reabrir el caso, llevando a los funcionarios y terceros involucrados a una condena penal efectiva.
Paralelamente, la estrategia civil avanzó con firmeza hasta que un juez determinó la negligencia grave de la comuna, sentencia que fue ratificada de manera definitiva por la Sala Superior y la Corte Suprema de Justicia.
Fortunata Piñan demostró que las instituciones más grandes del Estado están obligadas a responder ante la ley cuando un ciudadano decide no doblegarse ante la injusticia; si eres víctima de un abuso de autoridad o municipal, contacta a GRAJAR al WhatsApp: para una asesoría personalizada.
Más que abogados, verdaderos aliados.