Y obtuvo la carta de liberación de su vehículo.

Pensó que la pesadilla había terminado.

Pero recién estaba empezando.

Cuando llegó al depósito municipal para retirar la mototaxi, el personal le dijo algo imposible de creer: “No hay ningún vehículo con esa placa aquí.”

Fortunata quedó paralizada.

Comenzó a reclamar.

Discutió con el personal.

Regresó a la municipalidad.

Buscó explicaciones.

Pero nadie le daba respuestas.

Algunos funcionarios incluso insinuaban que quizá nunca tuvo esa mototaxi.

Como si fuera una mentirosa.

Como si una mujer humilde no tuviera derecho a exigir respeto.

Pero Fortunata no estaba dispuesta a quedarse callada.

Reclamó.

Gritó.

Exigió respuestas en cada oficina y pasillo de la municipalidad.

Hasta que finalmente revisaron nuevamente los documentos.

Y entonces descubrieron algo escandaloso:

La mototaxi ya había sido retirada del depósito utilizando documentos adulterados.

El vehículo simplemente había desaparecido.

Los funcionarios municipales denunciaron a trabajadores del depósito y con eso intentaron lavarse las manos frente a Fortunata.

Le dijeron frases que para ella fueron todavía más dolorosas:

“Nosotros también hemos sido sorprendidos.”

“Esas cosas pasan.”

“Mejor cómprese otra moto.”

Pero para Fortunata no era “otra moto”.

Era el ahorro de años.

Era su esfuerzo.

Era el sustento de sus hijos.

Desesperada, acudió a la empresa donde había inscrito su mototaxi buscando orientación.

Y ahí escuchó un nombre:

Dr. Ricardo Alberca.

Mientras esperaba los directivos hablaban del abogado y como él había sido mototaxista, dirigente y que durante años había enfrentado abusos municipales defendiendo a transportistas y trabajadores. 

No espero más busco en internet y así llegó a GRAJAR Estudio Jurídico.

Después de escuchar atentamente toda la historia, el Dr. Alberca comprendió que el caso no era solo la desaparición de un vehículo.

Era el abuso de una institución contra una mujer humilde que había hecho las cosas correctamente.

Entonces le explicó algo importante:

Los hechos generaban tres tipos de responsabilidad:

• A dministrativa,
• penal,
• y civil indemnizatoria.

Pero también sabía algo más.

Entre funcionarios muchas veces se protegen.

Y que limitarse a esperar sanciones administrativas probablemente no devolvería a Fortunata el daño económico que había sufrido.

Por eso decidieron ir más allá

Iniciaron la lucha penal.

Y también demandaron civilmente una indemnización por daños y perjuicios de 50 mil soles.

El camino no fue fácil.

La Fiscalía, ubicada dentro de la misma jurisdicción municipal, sospechosamente archivó el caso hasta en tres oportunidades.

Tres veces.

Pero Fortunata no se rindió.

Y el Dr. Alberca tampoco.

Presentaron impugnaciones.

Insistieron tenazmente.

Volvieron a luchar.

Hasta que finalmente las investigaciones se abrieron, el caso llegó a juicio contra funcionarios y terceros involucrados, fueron declarados culpables y condenados.

Mientras tanto, la batalla civil continuaba.

Fue un proceso largo, desgastante y estratégico.

Pero al final ocurrió algo que muchos no esperaban:

El juez falló a favor de Fortunata Piñan.

Determinó que la municipalidad incurrió en negligencia grave y en un desentendimiento que perjudicó seriamente a una ciudadana que solo buscaba trabajar dignamente.

La municipalidad apeló.

Pero la sala superior confirmó la sentencia.

Y finalmente también lo hizo la Corte Suprema.

Fortunata ganó.

No porque fuera poderosa.

No porque tuviera dinero.

Sino porque decidió no rendirse frente al abuso.

Moraleja:

Cuando el ciudadano humilde se resigna, el abuso se vuelve costumbre.

Pero cuando decide defender sus derechos, incluso las instituciones más grandes pueden ser obligadas a responder.

Si hoy estás atravesando un abuso municipal, una injusticia contra la que vale la pena luchar, no enfrentes solo el problema.

El Dr. Ricardo Alberca puede ayudarte a construir una defensa seria, estratégica y comprometida con tus derechos.